Es ley la emergencia en anestesiología en Mendoza

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, presentó en la Legislatura un proyecto de ley para que se declare la emergencia sanitaria en prestación y formación de médicos anestesiólogos, debido a la situación crítica que atraviesa el sistema de salud público.

Hoy, es ley la iniciativa que establece un plazo de 120 días, con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna. El plazo será prorrogable por un período igual, por única vez, por decreto del Poder Ejecutivo, el que entrará en plena vigencia luego de su ratificación legislativa.

Esto quiere decir que ningún profesional de la anestesiología puede renunciar a su puesto mientras dure la emergencia. 

El proyecto

Dentro del articulado de la norma, se expresa que se declara la emergencia mencionada “con el objetivo de asegurar a la población el acceso a los servicios de anestesiología de forma equitativa y oportuna”. A su vez, resalta: “Las contrataciones de los profesionales de salud que se dispongan en el marco de la presente ley quedarán exceptuadas del límite establecido en el último párrafo del Artículo 12 del Anexo de la Ley N.° 7759, aun cuando el contratado pertenezca a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal”.

Durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales. Atento a lo expresado, se indica que, en caso de incumplimiento, “será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un (1) mes a cinco (5) años, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley N.º 2636 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder”.

En otro orden, indica la pieza legal que “el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes podrá convocar a exresidentes y/o exjefes de residentes de la especialidad de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco (5) años, y/o profesionales anestesiólogos jubilados con matrícula vigente, con el fin de que presten servicios, incluidas las guardias –tanto de semana como de fines de semana y/o feriados–, en los hospitales comprendidos en el subsector público de la salud, considerando esta convocatoria como una carga pública, en el marco de la emergencia declarada”, y justifica que “el servicio de anestesiología es un servicio crítico para el resguardo de la vida y/o la salud de las personas”.

La normativa expresa que lo dispuesto es aplicable a “todos los profesionales que presten servicios de anestesiología en la Provincia de Mendoza, con independencia de su forma de contratación, incluidos los profesionales del Sistema Provincial de Residencias”. Sostiene, a su vez, que el ministerio tendrá la facultad de arbitrar “los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales y técnicos relacionados con el manejo de pacientes críticos, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología”.

También establece que, a los efectos previstos en la ley y mientras dure la emergencia, el Ministerio de Salud será quien deba convocar a una mesa de diálogo con la participación de los sectores involucrados, debiendo además contar con representación legislativa, en proporción a la composición parlamentaria de ambas cámaras. Las reuniones de la mesa de diálogo constituida al efecto de esta ley tendrán una periodicidad no menor a una reunión mensual durante la vigencia de la norma.

Cómo es el conflicto de las y los anestesistas en el sector privado

Médicos anestesistas dispusieron suspender sus servicios en el sector privado de la salud de Mendoza, lo que llevará a la suspensión de cirugías programadas en clínicas y sanatorios, con perjuicios para los pacientes.

Los anestesiólogos que brindan servicios en los hospitales, clínicas y sanatorios del subsector privado han suspendido sus actividades, según manifiestan, para visibilizar el conflicto que tienen en la salud pública.

Esto obligará a los efectores privados a suspender cirugías al no contar con este personal indispensable para su concreción. Esto no fue notificado previamente a las instituciones, por lo que muchas personas han realizado su preparación previa y viajes desde lugares remotos con la esperanza de concretar una intervención que, en estas circunstancias, no se va a poder realizar.

“Están tomando de rehén a la población, ante esta decisión particular, a quienes se atienden en el sector privado de la salud, para visibilizar un problema netamente económico", expresó el doctor Rodolfo Torres, coordinador médico de Aclisa. Por ello, dada la inmediatez con que esto ha sido informado, con pesar y conocimiento del impacto que esto implica para los pacientes y sus familias, se solicita a la comunidad informarse sobre la situación en los respectivos establecimientos de salud, ante la posibilidad de que las cirugías programadas puedan verse afectadas y/o postergadas.

Los profesionales sostienen que la intención de esa disposición es visibilizar la situación de conflicto con el Estado, con el que no han logrado llegar a un acuerdo salarial en cuanto a sus tareas en hospitales públicos.