Mendoza implementará un sistema de inhibición de celulares en las cárceles
La empresa Cytric Solutions fue preseleccionada para instalar una plataforma de bloqueo y localización de celulares. Aunque presentó la propuesta más cara, fue la mejor puntuada.
La licitación para implementar un sistema de inhibición de celulares en las cárceles de Mendoza avanza con polémica. El Ministerio de Seguridad preseleccionó a la empresa Cytric Solutions SRL, que presentó la propuesta más costosa de las cuatro firmas concursantes, con una oferta de 2.215.000 dólares, equivalente a $2.569 millones al tipo de cambio oficial del 16 de abril.
A pesar del alto monto —por encima incluso del presupuesto oficial de $2.315 millones— la compañía obtuvo el puntaje más alto en la evaluación técnico-económica, y quedó a un paso de adjudicarse el contrato.
¿Por qué se eligió la oferta más cara?
El dictamen de la Comisión de Preadjudicación sostuvo que la propuesta de Cytric fue “superadora” en tecnología y experiencia, en comparación con las otras tres ofertas recibidas. La licitación había sido abierta el 22 de abril, tras la publicación oficial mediante el Decreto 552/25, y recibió las siguientes propuestas:
Broda + Issatec (Mendoza): cuatro propuestas, incluida la más económica por US$ 1.099.675.
Exanet SA (Buenos Aires): US$ 1.594.500.
Business Integrated Systems (CABA): única oferta por US$ 2.062.825.
A pesar de que sus valores eran considerablemente más bajos, todas fueron descartadas por incumplimientos técnicos o formales, como la falta de garantías, documentación incompleta o ausencia de certificaciones clave.
Observaciones de Fiscalía de Estado
El expediente fue elevado a la Fiscalía de Estado, que avaló la legalidad del procedimiento mediante el Dictamen N.º 511/25, aunque formuló dos observaciones:
Ampliar los fundamentos que justifican la no asignación de puntaje técnico a las empresas excluidas.
Revisar la decisión de rechazar automáticamente garantías de caución sin firma societaria, como sucedió con Exanet y Business Integrated Systems.
La adjudicación definitiva se concretará una vez que el Ministerio de Seguridad responda estos puntos y emita el decreto correspondiente, lo que podría demorar al menos un mes más.
¿Qué incluye la contratación?
El contrato contempla una implementación tecnológica integral en los penales de Mendoza, con los siguientes componentes:
Licencia de software por dos años con 2.000 créditos de consulta.
Módulo táctico vehicular y módulo portátil tipo mochila.
Soporte técnico 24/7 durante dos años.
Capacitación para 10 operadores del Ministerio de Seguridad.
Documentación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.
El sistema permitirá la detección, localización, bloqueo y análisis de movimientos de celulares en tiempo real y retroactivo, con especial foco en zonas estratégicas o causas criminales complejas.
Cuestionamientos al pliego y al proceso
Aunque no se presentaron impugnaciones formales, surgieron críticas técnicas en torno al pliego y la coherencia del objeto licitatorio. El nombre oficial de la convocatoria hacía referencia a inhibidores de señales en penitenciarías, pero el pliego técnico apuntó a una “plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal”, con equipamiento más orientado a operaciones tácticas móviles.
Especialistas también observaron sobreprecios en los créditos de uso del software y cuestionaron que el equipamiento exigido no corresponde exactamente al objetivo original de bloquear comunicaciones ilegales en cárceles, como estafas virtuales, amenazas o extorsiones.
¿Qué busca el sistema?
El sistema apunta a frenar delitos orquestados desde el interior de las cárceles, donde muchos reclusos aún logran usar teléfonos ingresados de forma clandestina, operando con líneas prepagas difíciles de rastrear.
El objetivo es reforzar la inteligencia operativa, dificultar las comunicaciones no autorizadas y proteger a la ciudadanía de maniobras delictivas que se gestan desde los penales.
Con la preselección definida, Mendoza se encamina a firmar un contrato millonario que podría marcar un antes y un después en la gestión de seguridad penitenciaria, aunque los cuestionamientos técnicos y económicos aún están lejos de cerrarse.
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