Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial, el Decreto N°925, que oficializa el aumento al personal de la administración pública que había quedado fuera de la negociación paritaria por el rechazo de los representantes gremiales de AMPROS, Instituto de Juegos y Casinos; funcionarios y Empleados Judiciales y APOC a la propuesta de aumento salarial presentada por el Gobierno provincial en las reuniones de paritarias.

Este decreto alcanza también a los docentes y celadores de la provincia y a las fuerzas de Seguridad.

Según la propuesta del ejecutivo provincial, el aumento interanual a noviembre de 2021 será de un 42,2% en promedio. Así, se incrementan los aumentos de julio y octubre, quedando los tramos para 2021: 7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre, más el bono de carácter no remunerativo.

De este modo, un empleado público que ganaba $40.000 en diciembre del 2020, en marzo del 2021 pasó a cobrar $46.800 (4.000 del bono más, 7% de aumento); en julio cobrará $51.600 ($4.000 del bono, más 12% de aumento); mientras que en noviembre se hará de $57.600 ($6.000 del bono más aumento del 10%). En este caso el aumento salarial en el 2021 alcanzará el 44%.

En el caso de un empleado público que en diciembre del 2020 cobró $100.000, en marzo del 2021 pasó a cobrar $111.000 ($4.000 del bono, más el 7% de aumento estipulado); en julio del 2021 esa misma persona cobrará $123.000 ($4.000 del bono, más 12% de aumento); mientras que en noviembre percibirá  $135.000 ($6.000 del bono, más el 10%). En este caso el aumento salarial en el 2021 alcanzará el 35%.

Cabe destacar que el Ejecutivo formalizó nuevamente su voluntad de rever los salarios de los agentes públicos mediante una nueva instancia paritaria, que tendrá lugar en noviembre de este año, a la luz de la evolución de la  inflación y su efecto sobre el poder adquisitivo de los mendocinos y que este aumento se da en medio de un contexto macroeconómico muy complejo producto de la pandemia y de caída en los ingresos públicos, a la vez que aumentan los gastos destinados a la prestación de servicios esenciales, requiriendo especial atención los recursos para hospitales y centros de salud de Mendoza.