Mendoza fue elegida como “un modelo de gestión contra el delito de metales”

Invitada por la Comisión de Seguridad Patrimonial del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, la ministra de Seguridad y Justicia expuso sobre el impacto de la Ley 9447/22, en el marco del plan integral destinado al control de la compraventa de metales no ferrosos, que lleva adelante la provincia. En el encuentro la funcionaria destacó la importancia de la cooperación entre el Gobierno, el sector privado y el Ministerio Público Fiscal para hacer frente a esta problemática.

PROVINCIAL 28 de mayo de 2024
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La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa, Néstor Majul; el director general de Investigaciones, José Vega y el jefe de la División Delitos Económicos y Comunes, Osvaldo Araujo, fueron invitados para exponer sobre los avances del plan integral para controlar la compraventa de metales no ferrosos. “Mendoza: un modelo de gestión contra el delito de metales”, fue el nombre del evento organizado por la Comisión de Seguridad Patrimonial del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Estuvieron presentes el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich y el director general de Policías, Marcelo Calipo. Además, participaron referentes de empresas proveedoras de servicios de la provincia mientras que otros se sumaron virtualmente a la presentación. En el auditorio había representantes de YPF, Shell, Distrocuyo, Pecom, Telecom, Edemsa, Telefónica, entre otros.

El presidente de la Comisión de Seguridad Patrimonial del IAPG, Lucas de la Rosa, aseguró que “el modelo de Mendoza da éxito por lo menos en las empresas petroleras, con la Ley 9447/22”, y que “sería bueno que se replique también en gran parte del país, o por lo menos en los lugares donde hay operación de petróleo y gas”.

En ese sentido, Rus detalló que “varias de las carteras de Seguridad del país comparten esta problemática. Incluso algunas de ellas se han mostrado interesadas en replicar el modelo mendocino en sus jurisdicciones ante los resultados que se vienen obteniendo tras la reglamentación de la ley”. Asimismo, dejó en claro que para estos avances ha sido clave “la colaboración entre el Ejecutivo, el sector privado y el Ministerio Público Fiscal, para hacer frente al delito del cobre”.

De la Rosa también destacó la voluntad política detrás de la implementación de la ley, subrayando su importancia en la efectividad de las leyes y el compromiso del Gobierno de Mendoza en garantizar el cumplimiento. “Esto tiene resultado y se llega gracias a la voluntad también política de combatir este delito. No es un punto menor, ya que, si no existiera una voluntad manifiesta de que también se lleguen a cumplir estas leyes no tendría mucho sentido todo el trabajo. Lo de Mendoza es un modelo, tal como le pusimos al título de esta presentación, porque no solo generaron la ley, sino que además ponen la voluntad detrás para que se cumpla”, aclaró.

En tanto que la ministra subrayó que ley promulgada en 2022, “representó el primer paso en un proceso complejo de soluciones, que demanda una regulación detallada y una cooperación efectiva para reducir este tipo de delito” y explicó que se han introducido regulaciones específicas para los involucrados en la manipulación y venta como el registro de sus operaciones y las inspecciones.

“Es un cambio significativo que busca garantizar una mayor transparencia y control en este sector”, agregó Mercedes Rus al hacer hincapié en “el trabajo que viene realizando la Dirección General de Investigaciones y su equipo altamente especializado, sumado a implementación de un sistema informático adecuado, desarrollado por la Subsecretaria de Tecnología Aplicada a la Seguridad”.

Asimismo, el gerente de la Refinería, Daniel Prieto, sostuvo que la iniciativa “ha significado un avance fundamental para las operadoras, convirtiéndose en una herramienta principal de mitigación del riesgo de sustracción de caños, cables de cobre y/o núcleos de transformadores en los yacimientos”. Sumó que, sin dudas, “se creó un modelo de gestión público-privada exitoso, con resultados totalmente destacables”.

Para finalizar, Néstor Majul recordó que el delito del cobre es un tema que preocupa y ocupa en el país. “La idea es llevar este debate a todas las provincias y discutir la posibilidad de aplicar estas medidas en todo el país. Pero es importante tener en cuenta que la simple promulgación de una ley no resolverá los problemas. Lo que sucede en Mendoza con este plan integral es el resultado del trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y privado. Esto es lo que realmente nos lleva al éxito”, completó el subsecretario.

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