Este miércoles, los representantes del cuerpo paritario del Ejecutivo, se reunieron con miembros de Ampros, gremio que nuclea a los profesionales de la Salud, régimen 27, en el marco de las paritarias convocadas por el Gobierno tras el fallo de la Justicia provincial.

Recordemos que la reunión con este gremio no pudo realizarse en la fecha programada (el 25 de noviembre pasado) debido a que a última hora del martes 24, los representantes de ATE solicitaron, mediante presentación en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, que se abriera la paritaria del régimen 27 de Salud para que ellos también pudieran participar de la negociación que, normalmente, se hace por comisión negociadora de la Ley 7759 solo con el gremio Ampros.

Tras el encuentro, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Barbeira, señaló: “En sintonía con la posición adoptada por el Gobierno de Mendoza con los otros gremios, se le ha planteado a Ampros que, dada la situación de las cuentas de la Provincia, debido a la crisis económica que arrastra el país desde hace unos años, potenciada por la pandemia, no se puede ofrecer una mejora salarial porque se carece de recursos para afrontarla”.

“Frente a esta respuesta, referentes del gremio indicaron que desean mantener abierta la comunicación para discutir una serie de puntos e intentar arribar a un terreno en común, por lo que habrá una nueva reunión la semana próxima con Ampros”, agregó el subsecretario.

Continuidad de las paritarias

Esta semana se desarrollarán las comisiones técnicas entre el cuerpo paritario y los distintos gremios que ya tuvieron una primera reunión paritaria, con objeto de analizar en forma pormenorizada los números que dan cuenta del delicado estado financiero de la Provincia y para debatir aspectos relacionados con las condiciones laborales de los empleados públicos.

En tanto que se reanudarán los encuentros desde el miércoles 9 de diciembre en adelante, según cronograma establecido entre las partes, para definir la posibilidad de un acuerdo que permita la prestación normal de todos los servicios que brinda el Estado a sus ciudadanos.