Mendoza comienza la etapa final para el primer hospital público con gestión privada del país

El Gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, encabezaron este martes el acto de apertura de sobres correspondiente al llamado a licitación para finalizar las obras del Hospital de Luján de Cuyo. Se trata de una infraestructura clave para la red sanitaria del Gran Mendoza.

La obra se completará siguiendo un esquema de gestión público-privada, con una inversión total estimada en $6.438.206.000. El modelo propuesto combina financiamiento estatal y administración privada, con el objetivo de lograr eficiencia operativa, sustentabilidad financiera y garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud.

También participaron en el acto la vicegobernadora Hebe Casado y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba. Ante los presentes, el ministro Montero explicó que el proceso comenzó en diciembre, cuando se presentó la idea en una conferencia de prensa, y destacó que el proyecto está entrando en su etapa final. “Se trata de un modelo innovador. Va a ser el único hospital en el país, si todo se da como esperamos, público, pero bajo gestión privada”, señaló.

El funcionario detalló que se encuentran en etapa de análisis las tres propuestas presentadas. Durante los próximos días, los oferentes podrán consultar las propuestas de las otras empresas, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Una vez completada esa instancia, el Ministerio procederá a la adjudicación del contrato y dará inicio a la puesta en marcha del hospital.

Según explicó Montero, el desarrollo se organizará en tres etapas. La primera contempla la habilitación del consultorio externo para atención espontánea y programada, que deberá estar operativo dos o tres meses después de la firma del contrato. En una segunda fase se avanzará con la obra civil correspondiente y, finalmente, en un plazo estimado de 18 meses, se incorporarán los servicios de internación y quirófano, enfocados principalmente en cirugías ambulatorias.

El ministro subrayó que el objetivo central es garantizar el acceso universal a la salud. Los servicios estarán disponibles tanto para personas con obra social como para quienes no cuenten con cobertura. En el primer caso, el gestor facturará directamente a la obra social, y en el segundo, lo hará a la Provincia: “Ningún paciente va a pagar”, remarcó.

También aclaró que esta experiencia no se trasladará a otros hospitales públicos. Sobre esto, aseguró que “no pretendemos extender este modelo de gestión a los hospitales que ya tenemos en funcionamiento. Pero creemos que, para este hospital, que es una demanda social de muchísimos años, se trata de una alternativa adecuada”.

El proceso licitatorio incluyó una etapa previa de retroalimentación que comenzó en diciembre. En ese momento se publicó un borrador del pliego para que los potenciales oferentes pudieran hacer sugerencias. “Abrimos una ventana de tres meses para que los interesados conocieran el contenido del pliego y nos dieran su devolución. Hubo mucho trabajo de nuestro equipo, y también de ellos, para mejorar el proyecto”, señaló Montero.

Tras la publicación oficial del pliego, el Ministerio continuó respondiendo consultas a través de los mecanismos formales establecidos. “Han sido más de seis meses de trabajo continuo con los oferentes para llegar a esta instancia”, agregó.

El presupuesto oficial de referencia fue de 5.200 millones de pesos. Sin embargo, cada oferta pudo variar, ya que las empresas tuvieron libertad para diseñar su propuesta y estimar sus costos. La obra será financiada con fondos de la Provincia.

Quien resulte adjudicatario deberá finalizar la construcción del hospital en un plazo de 18 meses, distribuidos en tres etapas. Además, será responsable de la provisión del equipamiento médico, el mantenimiento integral del edificio y la gestión de los servicios sanitarios durante 15 años.

Tal como dijo el ministro, el hospital atenderá tanto a personas con cobertura privada como a usuarios del sistema público. Se establece que entre 40% y 60% de su capacidad deberá destinarse a quienes tengan cobertura pública exclusiva. En estos casos, la Provincia financiará las prestaciones mediante el sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Ente de Recuperación de Fondos (REFORSAL).

La concesionaria también deberá abonar un canon por el uso del inmueble. Podrá descontar de ese monto las inversiones tecnológicas nuevas que sean previamente aprobadas por el Gobierno, con el propósito de fomentar la actualización continua del equipamiento.

El seguimiento del contrato estará a cargo de una Unidad Técnica de Control que funcionará de manera permanente. Su tarea será fiscalizar la calidad del servicio, verificar el cumplimiento de los plazos y revisar los informes de gestión mensuales y trimestrales.

El terreno donde se lleva adelante la obra fue cedido por la Municipalidad de Luján de Cuyo. La donación fue oficializada mediante la Ley Provincial 9362.