
El museo estimó que el botín está valuado en 102 millones de dólares.
También fueron sentenciados sus siete cómplices, todos involucrados en un plan para evitar la asunción de Lula a comienzos de 2023.
MUNDO 13 de septiembre de 2025
La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, en el proceso penal relacionado con el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula Da Silva.
Por cuatro votos contra uno el exmandatario fue sentenciado, al igual que los otros siete enjuiciados, involucrados en un plan para socavar las instituciones republicanas, luego de las elecciones de 2022, que derivaron en el triunfo de Lula, actualmente en el poder.
El fallo profundiza la división política en Brasil y probablemente provocará una reacción del gobierno de Estados Unidos. El juicio a Bolsonaro cobró nueva relevancia después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, vinculara un arancel del 50% sobre productos brasileños a la situación legal de su aliado, calificándolo de "caza de brujas".
Después de tres días de votaciones, los votos a favor de la condena fueron emitidos por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin.
Tras la votación del ponente, el ministro Alexandre de Moraes , el panel entendió que los acusados ​​deben ser condenados por los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado por violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio catalogado.
La excepción es el acusado Alexandre Ramagem, quien fue condenado únicamente por los delitos de constitución de una organización criminal armada, intento de abolir violentamente el Estado de derecho y golpe de Estado. Diputado federal en funciones, se benefició de la suspensión parcial de los cargos y solo fue imputado por tres de los cinco delitos imputados por la Fiscalía General de la República.
En la sesión de ayer, el juez Luiz Fux absolvió a Bolsonaro y a otros cinco aliados. Sin embargo, el ministro votó a favor de condenar a Mauro Cid y al general Braga Netto únicamente por el delito de abolición del Estado Democrático de Derecho.
El voto final para la condena de los acusados ​​fue emitido por el juez Cristiano Zanin, quien preside el panel. El juez dictaminó que los acusados ​​formaban parte de una organización criminal para mantener su poder.
“Las pruebas del caso permiten concluir que los imputados pretendieron quebrantar el Estado Democrático de Derecho, incitando deliberadamente y expresamente al uso del poder de las Fuerzas Armadas”, afirmó Zanin.
En su declaración de hoy, la ministra Lúcia afirmó que el juicio por el intento de golpe remite al pasado de Brasil, con rupturas institucionales.
"Lo inédito de esta acción criminal es que vibra con el Brasil que me duele. Esta acción criminal es casi un encuentro de Brasil con su pasado, su presente y su futuro en el ámbito de las políticas públicas de los organismos estatales", afirmó.
Cármen Lúcia también destacó que Bolsonaro y los demás acusados ​​no pueden cuestionar la legitimidad de la Ley 14.197/21, ley que definió los crímenes contra la democracia y que fue utilizada por la Procuraduría General de la República (PGR) para fundamentar la acusación.
La norma fue sancionada por el ex presidente y los acusados ​​Anderson Torres, Braga Netto y Augusto Heleno, ex miembros del gobierno.
"No solo la ley es legítima, sino que no se puede decir que se desconociera que intentaron socavar la democracia. Cuatro de los ocho acusados ​​son precisamente los autores materiales, los autores del autógrafo", afirmó.
La magistrada también afirmó que los actos golpistas del 8 de enero del 2023, "no fueron un acontecimiento banal, después de un almuerzo dominical, cuando la gente salió a pasear".
Se refería a cuando cuando partidarios de Bolsonaro irrumpieron en la sede del Congreso como protesta por la victoria de Lula da Silva en las elecciones generales de 2022, en la Cámara de Diputados e intentaron invadir el Palacio de Planalto.
La jueza afirmó que hay "pruebas contundentes" de la participación del expresidente Bolsonaro y los demás acusados ​​en una "empresa criminal".
-Voto de los jueces Alexandre de Moraes, Flavio Dino, Carmen Lucía y Cristiano Zanin:
Votación a favor de la condena de todos los acusados ​​por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave, y daños al patrimonio protegido.
Los magistrados Alexandre de Moraes y Flávio Dino votaron el martes. La excepción es el acusado Alexandre Ramagem, quien fue condenado únicamente por los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. Diputado federal en funciones, se benefició de la suspensión parcial de los cargos y fue imputado únicamente por tres de los cinco delitos imputados por la Fiscalía General de la República-
-Voto del juez Luis Fux:
Voto por la absolución de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres y Almir Garnier de todos los delitos.
Voto por condenar a Mauro Cid y Braga Netto únicamente por el delito de abolición del Estado Democrático de Derecho.
El veredicto y las posibles consecuencias
Bolsonaro, de 70 años, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y no asistió al tribunal. Sus abogados han anunciado que apelarán el veredicto ante el pleno del Tribunal Supremo, compuesto por once jueces.
A pesar de sus problemas legales y de haber sido inhabilitado para postularse a cargos públicos hasta 2030, Bolsonaro sigue siendo una figura política poderosa en Brasil. Se espera que, tras este fallo, elija a un heredero político para competir en las próximas elecciones presidenciales contra el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Además, la condena podría motivar a los legisladores aliados de Bolsonaro a buscar una amnistía a través del Congreso. El debate sobre la sentencia se espera para el viernes, y podría intensificar la presión sobre el expresidente para definir su futuro político.

El museo estimó que el botín está valuado en 102 millones de dólares.

En la mañana del martes, el sentenciado denunció lo que llamó un “escándalo judicial”.

El objetivo de la ley aprobada es garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”.

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