Los electrodomésticos poseen desde hace ya varios años una etiqueta visible para que el usuario, al adquirirlos, evalúe el nivel de consumo energético que produce el aparato durante su uso. Del mismo modo, clasificar las viviendas según el grado de eficiencia energética de sus instalaciones será, en un breve plazo, un instrumento de información valioso y decisivo al realizar una operación inmobiliaria, evaluar un proyecto o planear intervenciones en viviendas ya existentes.

Ese es el objetivo que procura alcanzar el proyecto de ley de Etiquetado de Eficiencia Energética de Viviendas que el Ejecutivo, a través del Laboratorio Provincial de Vivienda, envió a la Legislatura para su tratamiento y aprobación.

El espíritu de la norma pretende que se clasifique a las viviendas según el grado de eficiencia energética de sus prestaciones respecto del requerimiento global de energía primaria utilizada. Es decir, la que se extrae o captura de la naturaleza, en condiciones normales de uso del inmueble durante un año.

Según estudios nacionales, en Argentina, el sector residencial consume el 25% de la energía nacional y emite el 8% de los gases de efecto invernadero a nivel país.

Es un hecho que actualmente los diseños que elabora el Laboratorio Provincial de Vivienda ya incorpora estos criterios de eficiencia, adaptándose a los lineamientos de ley que contempla el etiquetado.

Índice de valoración

La etiqueta, que tendrá validez de 10 años, se configurará según un índice de prestación energética (IPE) del inmueble. Esto, según el estimado de cantidad de energía que demandará para satisfacer, por año y por metro cuadrado, las necesidades asociadas únicamente a calefacción invernal, climatización estival, agua caliente sanitaria e iluminación, según niveles de confort establecidos por las prácticas vigentes y estándares internacionales.

El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública, como órgano de aplicación, elaborará el índice teniendo en cuenta la localización geográfica del inmueble y los elementos pasivos y activos que lo sustentan, como aportes solares, ventilación natural, sistemas de calefacción, de aire acondicionado, de ventilación forzada e iluminación artificial, entre otros.

En los casos en que la vivienda utilice activamente recursos renovables que aumenten la eficiencia energética de los equipos de climatización, la fracción de energía generada para autoconsumo será contabilizada a fin de reducir el valor del IPE.

La valoración se traducirá en una escala de eficiencia, nomenclada en letras, que irá de la A (mayor eficiencia) a la G (menor eficiencia).

En el caso de que en un inmueble se introduzcan mejoras que apunten al ahorro energético, el propietario podrá solicitar una nueva evaluación para cambiar de categoría.

Un párrafo especial del proyecto de ley está destinado a las viviendas sociales, mediante el cual el Estado provincial se compromete a establecer estándares mínimos de eficiencia energética (clase C) en todos los planes de vivienda que se desarrollen con presupuesto propio y plazos para su cumplimiento de manera gradual y progresiva, para todas las viviendas proyectadas y ejecutadas a partir de 2022.

Equipo de trabajo

El texto de la norma incluye la creación de una Comisión de Etiquetado que tendrá el carácter de órgano asesor consultivo y estará integrada por representantes del Estado provincial, organismos centralizados y descentralizados, entidades autárquicas o autónomas, con competencia o incumbencias en la materia, representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones intermedias, consejos y colegios profesionales, universidades y institutos de ciencia y tecnología, entre otros.

A fin de alcanzar una correcta implementación del sistema de etiquetado de eficiencia energética de inmuebles en todo el territorio provincial, la comisión gestionará y dictará cursos de capacitación a profesionales, atenderá a las necesidades de mejora en la implementación del sistema, organizará jornadas de difusión y fomento para la ciudadanía en general y promocionará acciones vinculadas.

Fomentar la eficiencia energética

Como expresa el anexo del proyecto de ley, la aplicación de esta iniciativa “brinda al Gobierno provincial una herramienta fundamental para la elaboración de políticas públicas a futuro, orientadas al objetivo nacional de salvaguardar los recursos energéticos y fomentar la eficiencia”.

El etiquetado de inmuebles permite no solo cuantificar las prestaciones energéticas de las casas sino además realizar estudios comparativos que generen una línea energética base utilizable como referencia para futuras políticas.

En un aspecto más individual, se trata de una herramienta que permitirá el impulso para el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías, tanto en relación con materiales como con prácticas de construcción locales, ya que la etiqueta será un sello distintivo que incidirá en el valor del inmueble.