Mendoza: el derecho a la escritura como punto de partida para la seguridad y el arraigo

A veces, lo que falta no es una casa. Es una firma que garantice el techo heredado, que abra la puerta a un crédito, que permita ampliar, vender o dejar algo a los hijos.

En Mendoza, hay familias que hace más de veinte años viven en sus hogares pero no tienen un papel que lo certifique. La casa está, pero el derecho no.

En muchos barrios, la escritura ha sido una promesa dilatada por décadas. Y con ella, también se postergaron seguridades fundamentales: la herencia, la planificación, el acceso al crédito, la posibilidad de mejorar o ampliar con respaldo legal. En esa zona gris viven miles de familias que recibieron una vivienda social a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o de alguna entidad intermedia, y que —a pesar de haberla pagado— no tienen título.

Para ellas, el nuevo programa provincial Mi Escritura no es solo una política pública. Es una solución concreta, pensada con una mirada social, eficaz y sensible. Impulsado por el Ejecutivo y sancionado por la Legislatura, el programa pone en marcha un proceso masivo de regularización dominial que permitirá a unas 40.000 familias mendocinas acceder finalmente a la escritura de su casa.

Seguridad jurídica: un derecho, no un privilegio

El objetivo es claro: garantizar a cada familia la titularidad legal de su vivienda. Para eso, se diseñó un proceso ágil, accesible y con el acompañamiento de todos los actores involucrados. La escritura no será un lujo inalcanzable. Se eliminan tasas, se acuerdan convenios con municipios, colegios profesionales y organismos técnicos para reducir costos, y se establecen mecanismos de pago adaptados a la realidad de cada beneficiario.

“Esta ley nos permite saldar una deuda con miles de familias que han esperado durante años para tener la titularidad definitiva de sus hogares”, afirmó el presidente del IPV, Gustavo Cantero. Más allá del aspecto técnico o legal, lo que se pone en juego es otra cosa: la posibilidad de vivir con certezas, de proyectar, de dejar algo sólido para las generaciones que siguen.

La ley Mi Escritura (9632) ya está en marcha. En junio comenzaron las reuniones técnicas con municipios, y los primeros acuerdos se firmaron con los departamentos de Junín, Tunuyán, San Martin, General Alvear, Rivadavia y Las Heras, que ya es trabajan para brindar acompañamiento personalizado a los vecinos que inicien el trámite. También se acordó en instituciones gubernamentales como AYSAM e Irrigación.

En el caso de Junín, el convenio fue firmado el 27 de junio por el intendente Mario Abed, el director del IPV, Héctor Ruiz, y el coordinador de la Unidad Ejecutora, Sergio Miranda. Allí, el Municipio se comprometió a gestionar la exención de tasas, contribuciones y derechos de transferencia que pudieran obstaculizar el proceso, además de destinar personal capacitado para acompañar a las familias.

Un camino colectivo, sin barreras

El programa también contempla a quienes, aun habiendo cancelado sus viviendas, arrastran deudas menores o trámites sin concluir. Ahora podrán avanzar en el proceso sin que eso se convierta en un obstáculo infranqueable. Si reconocen la deuda y se comprometen al pago, podrán escriturar. No se los deja afuera. Se los acompaña.

Además de la reducción de tasas registrales como el Certificado de Libre Deuda o la Inscripción en el Registro, el programa prevé mecanismos de repago inclusivos. También está prevista la asistencia técnica por parte del IPV a través de la Unidad Ejecutora y la Dirección de Bienes Registrables del Estado.

Expresó el director del IPV, Héctor Ruiz: “Este programa nos permite concretar un derecho largamente postergado para muchas familias. Estamos avanzando de manera articulada con cada municipio para que el proceso sea rápido, accesible y transparente”.

La meta es que los 18 departamentos de Mendoza se sumen a esta red de colaboración, garantizando que ningún vecino quede excluido por vivir lejos de la capital o por no contar con recursos para pagar un escribano.

La escritura como punto de partida

Una escritura no es solo un título. Es un símbolo de arraigo, un escudo frente a la incertidumbre, una herramienta para crecer. Es la posibilidad de que un hijo herede con tranquilidad, de que una madre acceda a un crédito para emprender, de que un abuelo sepa que esa casa —construida con esfuerzo— no quedará en la indefinición legal. Es saber que lo que se habita también se defiende, se transmite y se construye con nombre y con derecho.

En cada familia que recibe una escritura hay una historia de espera, de trámites postergados, de soluciones que nunca llegaron. Por eso, Mi Escritura no es un acto burocrático. Es una reparación. Y también una política que entiende que el derecho a la propiedad formal no debe depender del azar ni del bolsillo, sino de una decisión concreta del Estado de cerrar brechas, ordenar lo que está pendiente y darle valor a lo que ya está construido.