NACIONAL Télam 30 de julio de 2021

Familiares de personas con adicciones reclamaron legislación sobre el tema

Familiares y amigos de personas con consumos problemáticos y adicciones se autoconvocaron para solicitar más regulaciones legales para abordar estas situaciones.

Familiares y allegados de personas con consumos problemáticos y adicciones se autoconvocaron frente al Sanatorio Otamendi, donde se encuentra internado Santiago "Chano" Charpentier, para expresar su acompañamiento al cantante y a su madre y reclamar la sanción de una ley nacional que, dijeron, "atienda las especificidades" de la problemática de salud mental.

Stella Maurig, la convocante de la marcha, aseguró que, si bien los familiares que dice representar "no están en desacuerdo" con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, esta norma sancionada en 2010 "no contempla algunos puntos importantes en relación a los chicos adictos".

"En general, lo único que se hace cuando una persona adicta va al hospital es ponerle un suero, desintoxicarla y mandarla a la casa. Eso no sirve", opinó Maurig en diálogo con Télam.

La mujer, quien perdió a su hijo David en 2019, cuando el muchacho tenía 30 años, manifestó que las familias están "atadas de pies y manos". "Es una situación desbordante y los pibes se nos mueren", remarcó.

Por tal razón, Maurig señaló que los manifestantes decidieron "acompañar a Marina (Charpentier), que hace años trabaja con la adicción" de su hijo.

El caso de Chano fue "el puntapié para que se visibilice esta problemática, que afecta a muchas personas en el país y que se mantiene silenciada por el estigma", aseguró.

Con todo, en su artículo 4, la Ley Nacional de Salud Mental establece que "las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud".

Además, el artículo 43 de esa norma modifica el artículo 482 del Código Civil, al ordenar: "Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros."

Para Maurig, las adicciones "tocan a todos los estratos sociales, desde los que menos tienen hasta los que más".

Por su parte, María Dolores Pedemonte, de la organización Madres Territoriales contra las Drogas, advirtió que durante la pandemia "todo esto empeoró" y que hay que entender que "consumir drogas pesadas es suicidarse por goteo", por lo que "hay que intervenir desde el principio, porque no hay marcha atrás".

Pedemonte es trabajadora social y perito judicial y, al igual que Maurig, se capacitaron y ellas mismas brindan entrenamientos para poder abordar la problemática de la adicción.

"Somos madres que tenemos hijos adictos, que estamos peleándola desde la calle, buscando a los pibes para rescatarlos", aseguró Pedemonte, pero agregó que "es una lucha despareja de las madres contra el narcotráfico, no podemos solas".

Por último, concluyó que se debe trabajar en una ley "que proponga un tratamiento especial" ya que se trata de "un problema muy complejo", que "a las familias, que se ven envueltas en una angustia profunda y situaciones de mucha violencia, las destroza".

Si bien resaltó el apoyo al espíritu de la Ley de Salud Mental, sostuvo que, a pesar de que no guste, "en la mayoría de estos casos la única solución es el tratamiento y la internación". 

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