Mientras se acerca el final de la presidencia de Donald Trump, su administración se apresura a llevar a cabo cinco ejecuciones federales, ignorando apelaciones y rompiendo con un precedente por primera vez en más de 130 años de pausar las ejecuciones en medio de una transición presidencial.

Trump reanudó las ejecuciones federales después de una pausa de 17 años y, tras concretarse la pena de muerte de este viernes de dos de los cinco presos, se convertirá en el presidente que más ejecuciones impulse en más de un siglo, con 10 reos condenados desde julio de este año, una cifra total sin igual en la historia moderna.

La decisión de Trunp de realizar ejecuciones antes de la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prevista para el 20 de enero, rompe con un precedente de 130 años de pausarlas durante una transición presidencial, con el agravante de que el líder demócrata dijo que trabajará para poner fin a la pena capital.

Los mandatarios salientes generalmente ceden a sus sucesores decisiones de esta magnitud, lo que permite al próximo ocupante de la Casa Blanca marcar el rumbo.

Además, la selección concreta de los presos llevó a que el Gobierno de Trump fuera acusado de tomar esta decisión por motivos políticos.

La primera serie de ejecuciones, ocurridas durante una ola de protestas y manifestaciones contra el racismo en Estados Unidos, fueron todas de hombres blancos.

En este caso, cuatro de los cinco prisioneros que serán ejecutados son afroestadounidenses.

Brandon Bernard, de 40 años, y Alfred Bourgeois, de 56 años, serán ejecutados mañana en una penitenciaría de Terre Haute, Indiana.

Las ejecuciones de Lisa Montgomery, que será la primera mujer en enfrentar una ejecución federal en Estados Unidos desde 1953, la de Cory Johnson, y la de Dustin John Higgs están programadas para el mes próximo, está ultima el 15 de enero, cinco días antes de que asuma Biden.

El fiscal general, William Barr, defendió las ejecuciones postelectorales y dijo que probablemente programaría más antes de dejar el Departamento de Justicia.

Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena de muerte federal en 1988, las ejecuciones en Estados Unidos fueron escasas.

Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período (1988-2016).

Todas se llevaron a cabo bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush, e incluyeron al preso Timothy McVeigh, condenado por el atentado con bomba en un edificio federal de la ciudad de Oklahoma. De hecho, desde 2003 no se produjo ninguna ejecución federal.

Sin embargo, las autoridades de cada estado del país sí siguieron ejecutando a presos en las cárceles gestionadas por ellas.

Un número cada vez mayor de estados se movilizó para abolir la pena capital por completo, y la mayoría ha prohibido formalmente la práctica o no ha ejecutado a ningún preso en más de una década.

Más de 500.000 personas firmaron peticiones instando a Trump a conmutar la sentencia de Bernard -condenado por su papel en un doble asesinato en 1999 cometido en Texas- por cadena perpetua, citando su edad en el momento del crimen y su buen comportamiento como preso.

Bernard y otros cuatro adolescentes negros fueron condenados por secuestrar a Todd y Stacie Bagley, una pareja blanca de Iowa. Los obligaron a retirar efectivo antes de dispararles y quemarlos en su automóvil. Debido a que el crimen tuvo lugar en una base militar estadounidense, fue juzgado en un tribunal federal.

El tirador, Christopher Vialva, entonces de 19 años, y Bernard, que prendieron fuego al automóvil, fueron condenados a muerte en 2000.

Vialva fue ejecutado mediante inyección letal en septiembre, pero otros participantes que eran menores de 17 años en ese momento evitaron la pena de muerte.