Mendoza solicitó a Nación la urgente reglamentación de la Ley 27. 669 de cannabis medicinal y cáñamo industrial

El Gobierno de Mendoza viene trabajando en el fomento de nuevas actividades que permitan a la provincia ampliar y diversificar su matriz productiva. Uno de los proyectos, que fue impulsado hace ya más de 2 años desde el Ejecutivo, tiene que ver con la producción de cannabis con fines medicinales.

A la espera de la reglamentación de la Ley 27669, el Gobierno de Mendoza avanzó en “todos los actos útiles necesarios para poder participar del Consejo Federal, y de este modo impulsar las inversiones privadas”, expresó Virginia Coraglia, responsable de la Unidad de Control de Cannabis y del Programa Provincial del Ministerio de Economía y Energía.

La funcionaria se reunió con Francisco Echarren y Marcelo Morante, presidente y vicepresidente del Directorio de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) para solicitar la pronta reglamentación de la Ley 27669 y elevar las inquietudes que tiene la Provincia de Mendoza y los posibles inversores, en cuanto a su implicancia.

Mientras tanto, la provincia fue pionera en el país en la reglamentación de cannabis medicinal, y avanzó en el desarrollo de un laboratorio de investigación, desarrollo, reproducción y extracción de cannabis medicinal, el espacio se ubica en las instalaciones de la Bioplanta del Iscamen.

La puesta en marcha del primer laboratorio de fiscalización de cannabis implica una importante inversión en las instalaciones y equipos necesarios para el funcionamiento de una industria que no solo representa el derecho a la salud y a la seguridad de los pacientes, sino una oportunidad en la diversificación de la matriz económica local.

Consultada Coraglia sobre las respuestas obtenidas por parte de las autoridades nacionales, comentó que “solicitamos que la reglamentación tenga una visión federal. Necesitamos que se otorgue certidumbre al inversor”, y recordó que, una vez que la normativa sea reglamentada por Nación, la Provincia deberá hacer una evaluación de cada uno de los puntos para observar competencias y delegaciones”.