Los juicios por jurado en Mendoza están vigentes desde abril de 2019 y en la actualidad solo se aplican a delitos contemplados en el artículo 80 del Código Penal, que son los que prevén penas de prisión perpetua. Desde entonces, se han realizado 29 juicios bajo este instituto en la provincia y, con la ampliación de este procedimiento a otros delitos, se estima aumentar el promedio mensual de un juicio por jurado a 2,5 en el mismo período.

De esta manera, se avanzaría en la aplicación de juicio por jurados en delitos como abuso sexual seguido de muerte (artículo 124 del Código Penal, que prevé pena de prisión perpetua), homicidio en ocasión o con motivo de un robo (artículo 165 del Código Penal, que tiene penas de 10 a 25 años) y el homicidio agravado por el uso de arma de fuego (artículo 79 del Código Penal, en función del artículo 41 bis, que eleva en un tercio el mínimo y máximo de la escala penal).

Para ello, mediante un decreto, el Gobernador convocó a una comisión de expertos en derecho penal y, en especial, en juicios por jurados coordinados por el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, e integrada por miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, una abogada de la calle, senadores y diputados.

El criterio de los especialistas para incluir estos delitos en el proyecto es la progresividad de la pena desde una mayor a menor gravedad. De esta manera, todas las partes realizaron sus aportes y dieron el visto bueno logrando un texto consensuado.

Además, se trabajó en base a estadísticas del Poder Judicial para saber cuántos juicios más podía soportar el sistema, para garantizar su éxito sin que se produzcan colapsos en la compleja logística que requiere.

El Gobernador resaltó la responsabilidad de los mendocinos y mendocinas en los juicios por jurados: “Estos procedimientos han tenido un éxito rotundo en la provincia de Mendoza desde el punto de vista del funcionamiento y los ciudadanos han cumplido con la convocatoria a participar”. Además, remarcó que en este tiempo no se tuvo que suspender ninguna audiencia a la que fueron citados, lo que explica el compromiso que tiene la ciudadanía con este sistema y con su propia participación en el ámbito de la Justicia.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, sostuvo que “estas modificaciones son la continuidad de una política de Estado que apunta a la democratización de la Justicia, permitiendo al ciudadano intervenir y confiar en los procesos judiciales, algo que, sumado al éxito de su implementación, motivó al Gobernador Suarez a incorporar más delitos con esta modalidad”.