Gobernador de Mendoza renueva las restricciones para controlar el gasto público
Estas medidas incluyen la prohibición de contratación de nuevo personal y de mayores dedicaciones horarias; un mayor control en las erogaciones, en especial en los organismos descentralizados, la baja de celulares pagados por el Estado y celeridad en los trámites jubilatorios de quienes ya están en condiciones de hacerlo.
El Gobernador Rodolfo Suarez publicó dos decretos de “reestricción del gasto” para la Administración Pública. Estos son las normas 2237/21 y 35/22. Lo que hacen es prorrogar una medida que ya había sido tomada en 2020 y que incluye restricciones en las contrataciones de personal, aumento en las dedicaciones especiales y diversas erogaciones dentro del Estado.
Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas, explicó que con la prórroga de estos dos decretos “no se podrá aumentar el gasto por encima de la inflación”. Esto debe ser acatado por todas las áreas del Estado, incluidos la Dirección General de Escuelas y los organismos descentralizados, como la OSEP. Todos deben rendir cuentas.
Las mencionadas normas prohíben nuevas contrataciones de personal, nuevas firmas de convenios con otras instituciones que impliquen un gasto y mayores dedicaciones horarias. Además, insisten en la baja de celulares pagados por el Estado y apuran los trámites jubilatorios de quienes ya están en condiciones de hacerlo.
En lo que respecta a las contrataciones, solo están permitidas las que sean parte de un cumplimiento de acuerdos paritarios, adscripciones, transferencias de personal que no impliquen mayor costo y los cargos ganados por concurso. En relación con los contratos, solo se renovarán contratos siempre que se trate del mismo empleado, objeto e importe.
Sobre las erogaciones que hagan las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados y las cuentas especiales, no podrán superar el 8,33% del crédito vigente (mensual y acumulativo) de enero a octubre y el 8,35% para noviembre y diciembre.
El objetivo de esta medida es colocar estrictos límites al incremento del gasto público y de los cargos ocupados y que sea el Ministerio de Hacienda el que esté al tanto de cada movimiento de dinero que se haga dentro del Estado, como también en los organismos descentralizados.
Desde el Poder Ejecutivo se invita a los otros poderes como el Judicial y el Legislativo a tomar medidas similares a las dispuestas por esta prórroga.
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