
Fue en el marco de una investigación internacional contra la ciberdelincuencia.
Los jugadores imputados son Oscar Jégou y Hugo Auradou, quienes jugaron el sábado pasado ante Los Pumas.
POLICIALES10 de julio de 2024La Justicia mendocina confirmó que se espera por la llegada de los jugadores Oscar Jégou y Hugo Auradou, miembros de la selección de rugby de Francia, para avanzar en la causa por presunta agresión sexual.
El Ministerio Público Fiscal de la provincia cuyana informó que “hasta tanto los presuntos autores del delito se encuentren en Mendoza, no hay ni habrá novedades en la causa citada”.
El presidente de la Federación Francesa de Rugby (FFR), Florian Grill, dijo durante una rueda de prensa que “hay una investigación en curso. Jean-Marc (Lhermet, vicepresidente de la FFR) y yo acabamos de volar desde París. Si se confirman los hechos, son increíblemente graves”.
Y se solidarizó con la víctima: “Nuestros pensamientos deben estar ya con la joven. Si, una vez más, esto es cierto, va en contra de todo lo que el rugby hace, construye y es, todo lo que hacen los 2.000 clubes amateurs que dan vida al rugby a diario”.
Los jugadores franceses Jégou y Auradou, de 20 y 21 años respectivamente, fueron detenidos en Buenos Aires luego de la denuncia y se espera que lleguen a Mendoza para declarar.
Según detalló Natacha Romano, abogada de la víctima, “el principal golpe visible es uno de puño que le pegan en uno de los ojos, en la cabeza hay varios golpes y por eso es la orden de las tomografías que ya se han estado haciendo”, y reveló que se está investigando si hay fracturas en las costillas “por la fuerza” ejercida por los jugadores.
La abogada también le confirmó al medio Mendoza Post que los golpes que recibió la víctima ocurrieron cuando no la dejaban salir de la habitación: “Físicamente está devastada”.
El fiscal a cargo del caso, Darío Nora, pidió la detención de ambos jugadores, quienes podrían quedar imputados por “abuso carnal agravado con acceso carnal con participación de dos o más personas”. La pena para este delito es de entre 8 y 20 años de prisión.
Fue en el marco de una investigación internacional contra la ciberdelincuencia.
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