La Policía Ambiental Minera ordenó el cese de actividades de una mina en San Rafael

La Policía Ambiental Minera, en un operativo conjunto con la Gendarmería Nacional, ordenó el cese de actividades de una mina en San Rafael y una planta de beneficio en Maipú. Ambas pertenecían a los mismos titulares y operaban de manera irregular, utilizando incluso el mismo camión para el transporte de piedra laja sin la documentación ambiental y minera correspondiente.

El procedimiento se inició el 13 de agosto, durante un control vehicular en el kilómetro 3.141 de la Ruta Nacional 40, en San Rafael, cuando gendarmes detuvieron un camión cargado con piedra laja.

“Gracias al trabajo articulado con la Gendarmería pudimos detectar no sólo la planta de beneficio trabajando de forma irregular, sino también la mina en San Rafael funcionando sin la declaración de impacto ambiental correspondiente”, explicó Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera.

A partir de esta retención, la Dirección de Minería y la Policía Ambiental Minera decidieron comenzar una investigación para saber de dónde provenía el material.

El cargamento tenía como destino la planta en Maipú, donde los inspectores constataron el acopio de piedra ornamental proveniente de la mina Lourdes, en San Rafael.

En el lugar también se verificó la existencia de maquinaria de corte de piedra, falencias en materia de seguridad e incumplimiento de la normativa vigente. Por estas razones se ordenó el cese inmediato de las actividades de la planta de beneficio hasta que regularice su situación.

Posteriormente, los inspectores se trasladaron a la mina Lourdes, en San Rafael, para constatar si era del mismo propietario, ya que el camión del operativo era idéntico al de la planta en Maipú.

Durante la visita se constató la ausencia de cartelería en el ingreso a la mina y la presencia de restos de cubiertas usadas, por lo que se solicitó la remediación del área y la colocación de contenedores de clasificación de residuos.

Asimismo se verificó actividad extractiva reciente, a pesar de que el expediente se encuentra en trámite de archivo, motivo por el cual se ordenó el cese inmediato de las labores hasta la finalización del procedimiento investigativo. Los responsables cuentan con un plazo de cinco días hábiles para ejercer el derecho a defensa y presentar el descargo correspondiente a través del sistema Tickets de la página oficial del Gobierno de Mendoza.

De esta manera se logró desarticular un circuito que vinculaba extracción y procesamiento de minerales sin los requerimientos ambientales, de trazabilidad y de seguridad que marcan las leyes vigentes y el Código de Procedimiento Minero de Mendoza.