La provincia de Mendoza avanza con una ley de Educación Ambiental que adhiere a la ley Nacional con el objetivo de que las nuevas generaciones desarrollen acciones de responsabilidad con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La Ley es una iniciativa de la diputada Tamara Salomón (UCR) a la que se le acumuló un apartado de un proyecto en sentido similar, presentado por la diputada Verónica Valverde (FdT) y fue apoyada por 37 votos y uno solo en negativo.

El Director General de Escuelas, José Thomas, acompaña esta iniciativa y destaca el gran trabajo que vienen realizando diferentes instituciones para que la educación ambiental sea parte de los aprendizajes en todos los niveles y modalidades obligatorios del sistema educativo.

“Mendoza ya tiene un gran avance en este aspecto, porque cuenta con manual provincial de educación ambiental, que abarca distintos temas coyunturales relacionados con el ambiente, biodiversidad, agua, suelo, energía y ordenamiento territorial, entre otros”, sostuvo el Director General de Escuelas.

“Es de total relevancia para nuestra provincia avanzar rápidamente en esta Ley para contar con los recursos necesarios desde la Dirección General de Escuelas para llegar a cada uno de los colegios de la provincia”, destacó Tamara Salomón que además se espera la aprobación y sanción por parte del Senado provincial.

Este proyecto es el resultado del trabajo coordinado con la Dirección General de Escuelas y la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. “La ley N° N°27.621 nos permitirá incluir contenidos ambientales en todos los niveles educativos, lo que construirá una sociedad crítica y con conciencia ambiental, garantizando un mejor presente y futuro”, destacó la legisladora, quien en los últimos días mantuvo reuniones con el director general de Escuelas, José Thomas; y el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.

En  Argentina, las leyes de educación nacional 26.206 y la ley general de ambiente 25.675  reconocen el derecho a la educación ambiental. 

Mientras que la Ley N°27.621 otorga herramientas para una implementación articulada en todo el país del derecho a la educación ambiental, porque  si bien  muchas jurisdicciones han avanzado en su propia normativa y programas relativos a la materia, su desarrollo es desigual, lo que implica que gran parte de la población del país aún no cuente con la oportunidad de formarse.